Piensa Prensa
El 3 de mayo del 2021 la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ministro de Justicia Hernán Larraín informar sobre el indulto presidencial otorgado al ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Hugo Prado Contreras, quien fue condenado como cómplice del delito de secuestro calificado de cinco personas en 1987.
Según se sostiene, la sentencia da por establecido que con ocasión del secuestro del Coronel Carreño funcionarios de la CNI participaron en la detención de cinco integrantes del Frente Manuel Rodríguez, quienes fueron mantenidos en el cuartel Borgoño y finalmente se tomó la decisión de darles muerte, arrojándolos al mar. De ello deduce que hubo tres etapas, en las que participaron miembros de
la Central Nacional de Informaciones, del Batallón de Inteligencia de Ejército y del Comando de Aviación.
En mayo del 2021 la Corte de Apelaciones ordenó al Ministerio de Justicia informar sobre indulto presidencial otorgado a condenado por crímenes de lesa humanidad.
El recurso en cuestión fue presentado a nombre de la hermana de una de las víctimas, y busca establecer si este indulto otorgado por orden del Presidente de la República se ajusta a la normativa internacional, tratándose de un delito de lesa humanidad, referido al secuestro y desaparición de las cinco víctimas.
Se trata de Alejandro Pinochet Arenas, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda, Gonzalo Fuenzalida y José Peña Maltés, los cinco últimos detenidos desaparecidos de la dictadura militar, cuya investigación de la causa logró establecer que las víctimas fueron secuestradas en represalia por el plagio del coronel de Ejército Carlos Carreño, en septiembre de 1987, en una operación conjunta de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), la DINE y el Comando de Aviación del Ejército, estableciéndose que los cuerpos de las víctimas fueron arrojados al mar en las costas de Quintay, crimen por el cual fueron condenados 33 agentes del Estado.
Hugo Prado Contreras se encontraba cumpliendo condena desde 2017 en el penal Punta Peuco y, una vez aplicado el beneficio presidencial, actualmente se encuentra en libertad.
En el año 1987 los impugnantes se encontraban destinados a la CNI, cumpliendo funciones bajo el mando de un oficial general o superior en servicio activo, el cual podía dictar resoluciones e impartir instrucciones internas necesarias para el funcionamiento de la repartición.
La CNI se encontraba investigando a los grupos extremistas que operaban en el país, especialmente el
Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En dicho contexto, cuando su jefe, el Comandante de la Brigada Verde, Kranz Bauer Donoso, según consta de fojas 1675 y 2863, les ordena detener a dos miembros del Frente Manuel Rodríguez y hacer entrega de ellos en la guardia del Cuartel Borgoño, Causa Rol 1510-87, del 2° Juzgado Militar, y Rol 226-86, de la Fiscalía Militar de
Valparaíso.
Durante la operación, que va de la detención al retiro de las víctimas del Cuartel Borgoño, fue planificada y ejecutada bajo control y disciplina militar, existió entre los partícipes diferentes grado de conocimiento en relación a los objetivos perseguidos.
En medio de las preocupaciones por el avance de la pandemia COVID 19, pasó casi desapercibida la noticia del nuevo indulto presidencial a un criminal de lesa humanidad. La medida habría favorecido al general (r) Hugo Prado Contreras, excomandante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), quien cumplía una pena de 5 años de presidio por su complicidad en el secuestro y asesinato de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos cuerpos fueron lanzados al mar desde una aeronave del Comando de Aviación del Ejército.
Las investigaciones en torno a este caso establecen un vínculo directo con Augusto Pinochet a través de su asesor el general Santiago Sinclair. El proceso conocido como “causa de los cinco” es uno de los últimos crímenes de la dictadura en el cual se utilizó la táctica de la desaparición, lanzando los cuerpos al mar desde helicópteros militares.
El 2012, el exmandatario impulsó la ley que establece los indultos generales, lo que benefició a unas 4 mil personas condenadas por narcotráfico, hurto, robo, homicidio frustrado y otros delitos graves.
