Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto que pospone la reducción o eliminación de exenciones tributarias para el sector minero.
Con un amplio respaldo, la Sala de la Cámara aprobó, en general y en particular, el proyecto que pospone la reducción o eliminación de exenciones tributarias para el sector minero (boletín 15511). La norma pasó a segundo trámite al Senado, tras reunir 128 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
La iniciativa busca aplazar, del 4 de febrero de 2023 al 1 de enero de 2024, las reducciones establecidas en la Ley 21.420. Esto, por los efectos que conlleva, principalmente, en lo referido a los plazos que se proponen para el cambio de coordenadas de concesiones vigentes.
En el mensaje de la ley se señaló que se buscaba aumentar la recaudación y colaborar con el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Además, promover el trabajo efectivo de las concesiones mineras y captar mayores rentas, por el aumento del monto de las patentes mineras. Sin embargo, la premura en su tramitación provocó vacíos e inconsistencias en la normativa minera.
Nuevo Sistema de Coordenadas
Estas inconsistencias se deben al establecimiento de un nuevo sistema de referencia de coordenadas UTM de las concesiones mineras “Datum SIRGAS”. Según los análisis del Ministerio de Minería y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), su implementación en los plazos previstos no será factible.
Ello, porque en las disposiciones transitorias se fijó el procedimiento para materializar los cambios de coordenadas de concesiones vigentes. Ahí se establece que, una vez establecidas por resolución firme, deben ser inscritas en un plazo de seis meses, so pena de producirse la caducidad de los títulos.
Aquello podría producir un efecto indeseable en el régimen concesional minero y perjudicar esta importante actividad económica, señala el texto del proyecto en debate.
Por otra parte, los efectos de la ley quedaron sujetos a un período de vacancia de un año a partir de su publicación (el 4 de febrero de 2023). Por todo esto, la norma aprobada propone postergar la entrada en vigencia de la actual normativa hasta el 1 de enero de 2024.
