El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), denunció una grave vulneración de derechos de una mujer privada de libertad que dio a luz a su hija en el pasillo de la cárcel de San Miguel
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), denunció una grave vulneración de derechos de una mujer privada de libertad que dio a luz a su hija en el pasillo de la cárcel de San Miguel, sin los cuidados de salud ni la atención necesaria para un embarazo que se encontraba en fase de término.
El organismo recibió los antecedentes el viernes 13 de enero y, de inmediato, el equipo de trabajo del CPT encabezado por experto del área penitenciaria, Luis Vial, y la experta del eje de Salud Pública del Comité, Yamileth Granizo, acudieron al centro penitenciario San Miguel para conocer detalles respecto este grave hecho, que puso en riesgo la salud de una persona, y que vulneró los derechos tanto la mujer privada de libertad como de la niña que nació en los pasillos de un penal.
Tras recopilar los antecedentes, el CPT envió los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que presentará las acciones legales correspondientes.
El CPT es un organismo de Derechos Humanos, público y autónomo, enfocado en la prevención de la tortura y los malos tratos de personas que se encuentran bajo la custodia del estado, sea en centros de reclusión penitenciaria, unidades policiales, recintos de salud, centros de larga estadía para personas mayores, centros de reinserción o de protección de niños, niñas y adolescentes. La entidad realiza labores preventivas y colabora con las instituciones para prevenir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, generando las recomendaciones a las instituciones involucradas, en caso de que existan riesgos o la ocurrencia de hechos de esta naturaleza.
El experto del CPT, Luis Vial, fue enfático en señalar que “ninguna niña o niño puede nacer en los pasillos de la cárcel. El Estado no está entregando las garantías suficientes. Una niña nació en lugar que no le correspondía”
El profesional llamó a poner prioridad sobre esta situación, y agilizar la tramitación del proyecto de Ley Sayén, que busca que mujeres privadas de libertad puedan cumplir con su embarazo y periodo de lactancia en reclusión domiciliaria total. “Hoy está con suma urgencia, pero es necesario que tenga discusión inmediata”, agregó.
“Acá hay responsabilidades compartidas, no sólo de Gendarmería, el Ministerio de salud debe tener un rol más activo, garantizar el acceso a la salud. Estamos frente a recursos limitados e insuficientes, no estaba el profesional competente para realizar una atención de este tipo, obstétrica. Tampoco había un vehículo que trasladara a la persona a un centro asistencial.
Detalles del grave hecho
El día 25 de diciembre del 2022, una mujer imputada en la cárcel de San Miguel dio a luz en el pasillo que lleva al patio de cargas de la unidad penal. Esto, tras empezar con fuerte contracciones el día anterior, teniendo trabajo de parto en la celda de contención, que en lenguaje carcelario se llama «la Jaula».
Cuando la interna pidió ser trasladada a enfermería para ser evaluada, tenía 40 semanas de gestación, un embarazo de término y no recibió los cuidados oportunos. La mujer privada de libertad no estaba en la sección cuna porque ya no tenía cupos y necesitaba un monitoreo permanente. La unidad penal no contaba con vehículo de emergencia para llevarla al hospital, por lo que la jefa de internos ofreció su vehículo personal. Sin embargo, en el traslado desde la celda de contención (la jaula) hacia el vehículo, la mujer dio a luz a una niña. La mujer privada de libertad fue trasladada al hospital con el cordón umbilical colgando.
