El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado alude a “reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden”. Asimismo, aborda los casos que involucran a los exalcaldes Miguel Ángel Aguilera y Karen Rojo, así como al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba.
En Chile, miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos. “Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; trato cruel, inhumano y degradante por parte de agentes del orden; violencia contra los indígenas; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”
En una nota publicada ésta tarde por el medio LA TERCERA señala que; El Departamento de Estado difundió el informe llamado 2022 Human Rights Report, un sumario que evalúa anualmente la situación particular de los derechos humanos de cada país y remarca ciertas cuestiones particulares a las que prestar atención. En el caso de Chile, el informe hace alusión a abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, así como casos de corrupción gubernamental.
El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado es uno de los informes insignia de la diplomacia norteamericana. Cada año, las embajadas y consulados de Estados Unidos recaban información sobre abusos y violaciones contra los derechos humanos en 198 países y territorios.
Según explicó el secretario de Estado Antony Blinken en una conferencia de prensa este lunes, este informe ha servido durante más de medio siglo como “un recurso vital para gobiernos, investigadores, grupos de defensa, periodistas y voces de conciencia en todo el mundo que trabajan para promover el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas por la injusticia”.
Sobre Chile, señala que hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos. “Los asuntos importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; trato cruel, inhumano y degradante por parte de agentes del orden; violencia contra los indígenas; y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales”, detalla.
Si bien el informe reconoce que “hubo informes aislados de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”, destaca que “el gobierno tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”. En ese sentido, detalla que “la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público investigaron si los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad eran justificables y enjuiciaron los casos de presuntos homicidios ilegítimos”.
“Aunque la Constitución y la ley prohíben tales prácticas, hubo reportes ocasionales de fuerza excesiva, abuso y trato degradante por parte de los agentes del orden”, destaca el informe del Departamento de Estado, que agrega: “Los grupos de derechos humanos informaron que la impunidad era un problema en las fuerzas de seguridad, especialmente en Carabineros. El INDH tiene la autoridad para presentar casos de derechos civiles alegando asesinatos arbitrarios”.
El reporte también aborda la situación carcelaria en Chile. Al respecto, señala que “las organizaciones de derechos humanos informaron que la atención médica deficiente, la violencia y el abuso por parte de los guardias eran problemas en varias prisiones. Según el INDH y otros observadores, las condiciones en algunas cárceles eran malas debido a la infraestructura anticuada, el hacinamiento, la infraestructura sanitaria deficiente y el suministro de agua inadecuado”. En ese sentido, el informe habla de “condiciones físicas abusivas”: “La población del sistema penitenciario estaba distribuida de manera desigual, con aproximadamente el 50% de las prisiones operando más allá de su capacidad máxima, mientras que otras estaban despobladas”.
“La Constitución prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y establece el derecho de cualquier persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. El gobierno no siempre observó estos requisitos”, destaca el reporte.
