Isabel Diaz de tan solo 14 años, embarazada, estudiante (sin militancia politica) fue detenida junto a otras 7 personas (entre ellos dos menores) la tarde del 13 de octubre de 1973 por efectivos de carabineros de la 20° Comisaría de Puente Alto (sin registro de ingreso), para luego ser trasladada a la 4ta Comisaría de Santiago. Al día siguiente fue sacada -en horas de toque de queda- junto a los 7 detenidos y llevados hasta el sector de Puente Bulnes, lugar donde fue ejecutada por los agentes del estado.
Los integrantes de la patrulla, antes de comenzar a disparar, les dijeron a los jóvenes que corrieran del lugar, pero las ráfagas disparadas hicieron casi imposible la fuga, y algunos de los cuerpos cayeron luego de ser abatidos al cauce del río Mapocho. Sólo Luis Plaza logró sobrevivir, porque dos cuerpos inertes le cayeron encima y “amortiguaron” las balas que se dispararon para asegurarse de la muerte, luego de los primeros disparos.
Uno de los integrantes de la patrulla es el suboficial Rubén Osvaldo Barria Igor
Corte de Apelaciones ratificó condena por asesinato.
El denominado caso El Sauce. Crimen de lesa humanidad se perpetró el 14 de octubre de 1973, en la ribera del río Mapocho, en el puente Bulnes. La justicia condenó al suboficial de Carabineros en retiro Rubén Osvaldo Barría Igor a 10 años y un día de prisión, como autor del delito.
Los detenidos fueron llevados en primer término a la Segunda Comisaría de Puente Alto, donde no se hizo registro de su ingreso, y luego trasladados hasta la Cuarta Comisaría de Santiago, ubicada en calle Chiloé de Santiago, donde tampoco se deja huella oficial de su pasado.
Más tarde, los condujeron a la Tenencia Rogelio Ugarte, desde donde siete jóvenes, de entre 14 y 26 años, fueron llevados hasta el Puente Bulnes para ser ejecutados entre la noche del 13 de octubre y la madrugada del día siguiente.
Las víctimas de la represión policial fueron: Leonidas Isabel Díaz Díaz (14 años); Jaime Max Bastías Martínez (17); Luis Abraham González Plaza (19); Luis Suazo Suazo (20); Alfredo Andrés Moreno Mena (23); Luis Miguel Rodríguez Arancibia (23) y Luis Alberto Verdejo Contreras (26), todos ejecutados con ráfagas de balas en el tórax y el cráneo.
Un aspecto final que cabe recordar al momento de evaluar la brutalidad del crimen cometido es que a la fecha de los hechos la mayoría de edad legal se cumplía a los 21 años, por lo que en la práctica los policías dispararon en contra de cuatro menores de edad que sólo habían ido a divertirse a una quinta de recreo.
En la madrugada del 14 de octubre de 1973, ocho personas son ejecutadas por efectivos de Carabineros. Ellos eran:
– Alfredo Andrés MORENO MENA, 23 años, obrero;
– Luis Miguel RODRIGUEZ ARANCIBIA, 23 años, feriante;
– Luis Alberto VERDEJO CONTRERAS, 26 años, comerciante;
– Elizabeth LEONIDAS DIAS DIAS, (sin militancia) estudiante de 14 años de edad, quien se encontraba embarazada;
– Jaime Max BASTIAS MARTINEZ, 17 años, obrero;
– Luis SUAZO SUAZO, 20 años, pintor de automóviles;
– Domingo de la Cruz MORALES DIAZ, 20 años, electricista; y
– Luis TORO.
El Tribunal determinó que el Estado es responsable de un operativo efectuado el 12 de octubre de 1973, que terminó con la muerte de siete jóvenes, de entre 14 y 26 años, y del que sólo una persona escapó con vida. Además, dispuso una reparación de $ 200 millones para las familias de cuatro de las víctimas, mientras que el oficial a cargo de la patrulla fue sentenciado a 16 años de presidio.
En un fallo que podría marcar precedentes desde el punto de vista judicial por la reparación monetaria en casos de crímenes de la dictadura, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Estado chileno a pagar una indemnización de $ 65 millones a un sobreviviente de una ejecución política realizada por efectivos de Carabineros el octubre de 1973.
En resolución unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada capitalino, integrada por los ministros Jorge Dahm, Manuel Antonio Valderrama y el abogado Francisco Tapia, sentenció al Fisco a cancelar la suma antes señalada a Luis Abraham González Plaza, quien fue la única persona que sobrevivió a una ejecución extrajudicial practicada por policías el 12 de octubre de 1973, en una de las riberas del río Mapocho.
En fallo unánime, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Dobra Lusic y el abogado integrante José Miguel Lecaros, ratificó el fallo del ministro en visita Mario Carroza que, el 30 de junio pasado, condenó al suboficial de Carabineros en retiro Rubén Osvaldo Barría Igor a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito. Terminó la condena el año 2017.
Fuente :(Informe Rettig) https://memoriaviva.com/nuevaweb/ejecutados-politicos/ejecutados-politicos-d/diaz-diaz-elizabeth-leonidas/
