La Oficina de Coordinación de Causas de DD.HH. elaboró un catastro de los 130 lugares donde existe sospecha de que aún podría haber osamentas de víctimas.
Catalina Batarce / la Tercera
Faltan 1.162 personas. Ese es el número de detenidos desaparecidos y ejecutados que aún falta por encontrar, identificar y entregar a sus familiares a 50 años del Golpe militar. Responder a la pregunta de “¿dónde están?”, a varias décadas de ocurridas las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet, se ha vuelto imperioso para el Poder Judicial y el Ejecutivo.
A comienzos de este mes, el 5 de octubre, en un domicilio de Ñuñoa, a sólo metros de donde funcionó un cuartel de la DINA, se encontraron en el entretecho de una casa osamentas y municiones. Ese mismo día, unas horas antes, el Ministerio de Justicia informaba que en unas oficinas de la repartición se hallaron restos de lo que sería una mandíbula y que por pericias visuales tendría una data de más de cuatro décadas.
Ambos hallazgos despertaron la esperanza de los jueces que investigan estas causas de poder seguir encontrando a víctimas de la dictadura, a pesar de todo el tiempo que ha pasado y la ya escasa información que ronda en tribunales, teniendo en cuenta que varios de los condenados por estos crímenes han ido falleciendo.
En el más reciente impulso del Estado por dar con el paradero de las víctimas es que el gobierno lanzó el Plan Nacional de Búsqueda. Mientras que en paralelo y con información judicial y policial en mano, el Poder Judicial elaboró un catastro de 130 sitios de interés en que -se sospecha- aún podría haber rastros de desaparecidos.
Uno de ellos es el centro de detención, tortura y ejecución conocido como Cerro Chena o Casas Viejas de Chena, que hoy es monumento nacional. Por ahí pasaron dirigentes ferroviarios y campesinos de Paine ejecutados en Cuesta Chada y, entre otras, las víctimas inhumadas en el Patio 29 del Cementerio General. Las familias de las víctimas han clamado para que se siga la búsqueda en ese lugar, sin embargo, por temas de recursos económicos -en el pasado- no se continuó con tales labores.
Uno de ellos es el centro de detención, tortura y ejecución conocido como Cerro Chena o Casas Viejas de Chena, que hoy es monumento nacional ,trabajo que han realizado los propios familiares desde la Corporación Memorial Cerro Chena.
El aporte de los jueces
La Oficina de Coordinación de causas de DD.HH. del Poder Judicial estuvo a cargo de la elaboración del mapeo, que hoy ya está en manos del supremo Mario Carroza. El material será puesto a disposición del ministro de Justicia, Luis Cordero, para aportar en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda.
Como pudo conocer La Tercera, se identificaron sitios de interés en prácticamente todas las regiones del país, partiendo por la Cuesta de Acha, en Arica, hasta el Puente Chamiza, en Puerto Montt. Y en la Región Metropolitana, en tanto, localizaron 18 puntos.
De acuerdo con el detalle, se entiende por sitio de interés como “aquel lugar identificado o identificable en el que se sospeche que pudiere haber existido inhumaciones o exhumaciones ilegales entre septiembre 1973 y marzo de 1990 y que, por cualquier motivo, no se hubieren realizado todas las diligencias tendientes a confirmar o descartar la existencia de osamentas humanas”.
Los pasos a seguir
Consultado sobre el uso que se le dará a este insumo, el ministro Mario Carroza indicó que se deberá crear “algún tipo de comité de las autoridades que tienen a cargo el Plan Nacional de Búsqueda, para definir dónde van a efectuarse los trabajos. Tiene que haber una coordinación entre la autoridad administrativa y la judicial, que tiene que otorgar las autorizaciones, y aparte con el SML, que hace la parte operativa”.
Como sitios prioritarios, aseguró que se posicionan Cuesta Barriga, Colonia Dignidad, la mina La Veleidosa y otros en las cercanías de San Antonio, aunque como insiste, el mandato es claro: “Independiente del tiempo transcurrido, siempre tienen que hacerse los esfuerzos”.
Han tenido resultados, pero como reflexiona, “aún no hemos agotado todas las posibilidades y en razón de lo que han sufrido los familiares, es bueno que haya acciones que permitan decir ‘se hizo todo lo que estaba en nuestras manos’, de tal manera que se pueda llegar a un cierre y que eso se selle como una garantía de no repetición”.
Eso sí, el trabajo requerirá, según manifestó Carroza, el fortalecimiento de los equipos de DD.HH. que actualmente se vinculan a las causas, incluidos los del SML. Y en lo que a los ministros con dedicación exclusiva corresponde, agregó, también hay un compromiso de avanzar en mayor coordinación.
“No estamos sólo en la etapa en que buscamos detenidos desaparecidos, sino que también estamos trabajando con organismos internacionales y cumpliendo tratados, por lo que ya la oficina de DD.HH. se nos hizo pequeña y se comenzará a trabajar con la ministra Ángela Vivanco, que tiene a su cargo la atención de Grupos Vulnerables y la Comisión de Lenguaje Claro. Así nos ampliamos y aumentamos nuestros recursos”, complementó el magistrado.
Revisa los 130 sitios de interés catastrados por el Poder Judicial:
