Vía radio.uchile.cl
Para el abogado Francisco Bustos es una situación preocupante que debería ser una prioridad para las autoridades, además que desafían a los tribunales de justicia, Carabineros y a la PDI. “Representa una falta grave a los deberes estatales”, destacó.
El Estudio Jurídico Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con 14 exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otras investigaciones.
El listado está compuesto por exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles integrantes de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.
Se trata de los exuniformados:
- Jorge Octavio Vargas Bories (oficial de Ejército, CNI) sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día 1.
- Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.
- Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.
Los condenados del caso denominado “Episodio Conferencia II:
- Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército, DINA).
- José Miguel Meza Serrano (Armada, DINA).
- Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército DINA).
Dicho caso se trata de una operación que estuvo a manos de la “brigada Lautaro” perteneciente a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y responsable del secuestro y homicidio de miembros de la segunda directiva clandestina del Partido Comunista, hecha desaparecer en 1976. Los exuniformados están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente.
- Víctor Álvarez Droguett (Ejército, DINA) fue condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo. También, fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. A su vez, Álvarez fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio. Además, debe cumplir 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.
- Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada), está sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente
- Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.
- Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército), y Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército), condenados como coautores de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.
Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita:
- Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército).
- Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército).
- René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército).
Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.
Prófugos capturados, a saber:
- Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad.
- Olegario Enrique González Moreno (Ejército, DINA), condenado como coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023.
- Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial militares en retiro), condenado como autor en al menos seis casos por asesinatos en la Población San Gregorio 9 , quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.
“Una falta grave a los deberes estatales”
Para el abogado Francisco Bustos se trata de una situación preocupante que debería ser una prioridad para las autoridades, porque desafían a los tribunales de justicia, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, destacó.
“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio. Estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agregó.
En este sentido, indicó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.
