El libelo acusa al secretario de Estado de no ejercer el control jerárquico permanente de la actuación del personal de su dependencia ni observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios, entre otros puntos.
La Sala de la Cámara realizó el sorteo de quienes conformarán la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Luego de que se diera cuenta en el hemiciclo del libelo acusatorio, se llevó a cabo el sorteo. La instancia quedará integrada por las y los diputados Tomás Hirsch (PAH), Cristián Labbé (UDI), Víctor Alejandro Pino (IND), Emilia Nuyado (PS) y Natalia Romero (IND).
Con esto, a partir de hoy, comienza a regir el plazo de tres días para notificar, personalmente o por cédula, al ministro acusado. Además, se establece la prohibición de salida del país mientras se desarrolla este proceso.
Tras la notificación, el ministro tiene diez días para presentar sus descargos ante la comisión, en forma personal o por escrito. Desde dicha comparecencia, la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar la acusación constitucional y pronunciarse sobre su admisibilidad.
Las normas que rigen este procedimiento están contenidas en el art.52 de la Constitución Política, el título IV de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Título VI del Reglamento de la Cámara.
Antecedentes de la acusación
La acusación fue presentada por las y los diputados Roberto Arroyo (PSC), Francesca Muñoz (PSC), Yovana Ahumada (IND), Gaspar Rivas (PDG), Jorge Durán (RN), Hugo Rey (RN), Guillermo Ramírez (UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI), Agustín Romero (PREP) y Cristián Araya (PREP).
En su contenido, el libelo está compuesta por cinco capítulos. En ellos se apela a que el ministro no ejerció el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo. Tampoco respecto de la actuación del personal de su dependencia.
Además, agrega que no cumplió con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las secretarías regionales ministeriales (seremis). Esto, en el contexto de la ejecución del programa de asentamientos precarios, entre 2022 y 2023.
Junto a ello, señala que el ministro infringió la ley al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución de dichos programas. Asimismo, al no denunciar los delitos respecto de los cuales habría tomado conocimiento.
