La iniciativa de la derecha buscaba favorecer la impunidad y beneficiar a criminales de lesa humanidad.
23 votos en contra y 21 a favor.
En lo fundamental, el proyecto regulaba el beneficio y modifica el lugar de cumplimiento de la pena privativa de libertad, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total, en los casos y condiciones que indica.
