El próximo 7 de mayo es la fecha para la audiencia de formalización a los altos mandos y ex mandos de Carabineros por la posible responsabilidad de graves violaciones de derechos humanos y delitos de carácter internacional cometidos en el marco de las protestas masivas ocurridas en Chile a fines de 2019. Al respecto, Amnistía Internacional envía una carta abierta al fiscal nacional, Ángel Valencia, e insta a que se garantice la autonomía e independencia de los y las fiscales con el fin de proteger el proceso judicial según el marco jurídico nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional muestra su preocupación por las presiones e injerencias indebidas dirigidas en contra de los fiscales Xavier Armendáriz y la fiscal Ximena Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros de Chile. Tanto la defensa del general director de Carabineros, investigado en esta causa, como autoridades políticas han realizado señalamientos graves contra ambos fiscales.
La independencia y autonomía de las fiscalías se encuentra enmarcada dentro del principio de independencia judicial, tratándose de un principio fundamental y requisito previo imprescindible para un juicio justo.
Así, los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos han establecido los estándares para garantizar la independencia de los sistemas de justicia. En esta línea, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido la garantía de la independencia judicial como un derecho humano. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que el Estado tiene el deber de investigar las violaciones de derechos humanos no sólo de forma inmediata y exhaustiva, sino también manteniendo la independencia e imparcialidad.
En el ámbito nacional, la independencia de los tribunales se encuentra normada en la Constitución Política de la República, y también en el Código Orgánico de Tribunales, donde se establece que el poder judicial es independiente de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la independencia y autonomía del Ministerio Público se recoge a nivel constitucional y por ley orgánica constitucional (LOC) estableciendo que los fiscales que tengan a su cargo la investigación la ejercerán de forma independiente y autónoma.
Dado el papel que cumplen los y las fiscales en la vigencia del estado de derecho, y especialmente en la responsabilidad adquirida para investigar y perseguir hechos delictivos especialmente cuando éstos constituyen graves violaciones de derechos humanos cometidas posiblemente por altos funcionarios del Estado, resulta importante que el fiscal nacional, Ángel Valencia, como máxima autoridad del MInisterio Público, garantice la autonomía e independencia de los y las fiscales.
