El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez recurrió al Tribunal Constitucional con el fin de suspender su formalización, la que está fijada para el 7 mayo próximo, será imputado por su presunta responsabilidad de mando y omisión en apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social.
Según Yáñez, no se respetaron garantías constitucionales en el proceso que el Ministerio Público lleva en su contr.
En el requerimiento ingresado, el general director Yáñez pide al Tribunal Constitucional “tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad respecto de los preceptos legales contenidos en los artículos 161 parte final, 164 y 370 del Código Procesal Penal”. Acusa, en ese sentido, que la investigación llevada en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso, alambicado que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos. En efecto, esta figura de participación no constituye un crimen en sí mismo, sino una especial participación de los jefes militares y civiles en los tipos penales de derecho penal internacional”.
Su requerimiento busca “garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma comisiva ni activa.
