Suprema deja a firme condenas contra ex uniformados por las ejecuciones de once campesinos de Paine
Se trata de la sentencia definitiva en el episodio “Paine Aculeo” que dejó once víctimas y con el cual se da por cerrado el proceso judicial “Paine”, una de las causas más crudas que dejó la dictadura militar en nuestro país.
De esta manera, los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus, el ministro suplente Juan Manuel Muñoz, y los abogados integrantes Juan Carlos Ferrada y Eduardo Gandulfo confirmaron las condenas emitidas por la Corte de Apelaciones de San Miguel en septiembre de 2022 y condenaron a los oficiales del Ejército en retiro Iván de la Fuente y Alfonso Faúndez Norambuena; y el prefecto de Investigaciones Roberto Arcángel Rozas Aguilera, a la pena de 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificado de las once víctimas.
En tanto, el ex oficial de División del Ejército Julio Cerda Carrasco recibió una condena de 15 años como autor del mismo delito ejecutado contra cinco de las once víctimas.
De acuerdo a la investigación, hay oficiales de Ejército que no alcanzaron a ser condenados porque fallecieron durante el proceso, tales como Víctor Pinto Pérez, Andrés Magaña Bau y Alejandro Valdés Visitainer; y Sergio Avila Quiroga, ex Carabinero.
El máximo tribunal, por unanimidad, rechazó todos los recursos de casación formulados por las defensas de los condenados. Confirmó íntegramente el fallo de primera instancia dictado por la Ministra Marianela Cifuentes, instructora de la causa. Igualmente dejó sin aplicación la media prescripción solicitada por los condenados, y en el aspecto civil, la Corte Suprema al acoger recurso de casación de los representantes de las víctimas, dejó sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rebajado sustancialmente los montos otorgados por la Ministra Cifuentes a los familiares.
Nelson Caucoto Pereira, abogado de 10 de las 11 víctimas señaló que “estamos culminando con este fallo terminal del máximo tribunal de la República, en el “Episodio Aculeo”, un mega proceso que comprende en total 70 víctimas, denominado “Caso Paine”. Ha sido un trabajo gigantesco de la justicia chilena, expresado en las personas de María Stella Elgarrista, Héctor Solís, y finalmente la ministra Marianela Cifuentes, quienes desplegaron grandes esfuerzos por satisfacer los legítimos anhelos de los familiares de las víctimas, en su gran mayoría campesinos de la zona, por buscar justicia para sus seres queridos”.
Caucoto agrega que “judicialmente se está cerrando positivamente un periodo triste, irrepetible y de mucho dolor para tanta gente humilde, cuyos derechos fueron arrasados por la dictadura militar. Lo que ha hecho el Poder Judicial en este caso, con la ministra Marianela Cifuentes, es realmente algo que nadie pudo imaginar en el pasado. ¿Quién pensó que se podía avanzar en el esclarecimiento de los hechos y que los autores de estos crímenes aberrantes, que aún sobreviven irían a la cárcel, y que esos familiares recibirán reparación?”, se cuestionó el profesional.
“Ha sido en concreto, una buena forma de reivindicar el trabajo de tribunales de justicia, que vienen a superar y dejar atrás tiempos de oscuridad y de completa impunidad del pasado. Hoy, esos familiares pueden mirar con más esperanzas el futuro, la sanación llega también con la justicia “, finalizó Caucoto.
De acuerdo a la investigación, los condenados detuvieron, torturaron y ejecutaron a los trabajadores agrícolas Santo Calderón Saldaño, Benjamín Camus Silva, José Manuel Díaz Inostroza, Rolando Donaire Rodríguez, Luis González Mondaca, Francisco Lizama Irarrázaval, Pedro Meneses Brito, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Ortiz Acevedo, Bautista Oyarzo Torres y Jorge Pavez Henríquez, entre el 13 y 20 de octubre de 1973 en la zona rural de Aculeo. Una vez asesinados, sus cuerpos fueron abandonados algunos en el Puente del río Maipo y los otros, en un Fundo de Pirque.
Los hechos
La investigación sustanciada por la ministra Marianela Cifuentes pudo acreditar los siguientes hechos:
El 13 de octubre de 1973, militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, junto a un funcionario policial y de un civil del sector, realizó allanamientos y detenciones en diversos asentamientos campesinos de la Reforma Agraria, situados en las inmediaciones de la laguna de Aculeo, en la comuna de Paine.
En esa oportunidad detuvieron a los dirigentes campesinos, entre ellos: José Manuel Díaz Inostroza, presidente del asentamiento Mansel Alto; Francisco Javier Lizama Irarrázaval y Jorge Manuel Pavez Henríquez, presidente y tesorero, respectivamente, del asentamiento El Patagual y los hermanos Juan Manuel Ortiz Acevedo y Luis Celerino Ortiz Acevedo, presidente y vicepresidente del asentamiento Rangue
Lo mismo hicieron el 20 de octubre de ese año, esta vez en el sector de El Vínculo, Huiticalán y El Patagual, deteniendo a Pedro Juan Meneses Brito, presidente del asentamiento El Vínculo y Luis Osvaldo González Mondaca, presidente del asentamiento Huiticalán y a los obreros agrícolas Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres.
Posteriormente las víctimas fueron trasladados al campo de prisioneros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar en que fueron sometidos a interrogatorios bajo tortura, para posteriormente ser ejecutados con arma de fuego y sus cuerpos inhumados ilegalmente y abandonados.
Dicho campo de prisioneros estaba a la cabeza del capitán de Ejército Víctor Raúl Pinto Pérez, actualmente fallecido y el teniente de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena. Del mismo modo, estaban a cargo de los interrogatorios el teniente de Ejército Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, el teniente de Carabineros Sergio Heriberto Ávila Quiroga y los oficiales de la Policía de Investigaciones Oscar Hernán Vergara Cruces y Roberto Arcángel Rozas Aguilera.
De acuerdo a la investigación, el 23 de octubre de 1973, se encontraron los cadáveres de José Manuel Díaz Inostroza y de Santos Pascual Calderón Saldaña, Benjamín Adolfo Camus Silva, Luis Osvaldo González Mondaca y Pedro Juan Meneses Brito, en la ribera del río Maipo, a la altura del puente Maipo.
El 13 de noviembre de 1973 fueron encontrados semienterrados y en estado de putrefacción los cadáveres de Francisco Javier Lizama Irarrázaval, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Rolando Anastasio Donaire Rodríguez y Bautista Segundo Oyarzo Torres, todos en el interior del fundo San Vicente de Lo Arcaya, comuna de Pirque
Finalmente, los restos de Jorge Manuel Pávez Henríquez fueron encontrados en la tumba N° 2.476 del Patio 29 del Cementerio General.
Según datos oficiales, durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), alrededor de 3.200 personas opositoras murieron a manos de agentes del Estado, de las que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otras 40.000 fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.
