La iniciativa, aprobada en particular por la Cámara, busca prohibir el ejercicio de cargos públicos a quienes cometan ilícitos contra la probidad administrativa.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó, a segundo trámite, el proyecto de reforma constitucional (boletín 16.893) que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos, para quienes hayan cometido delitos contra la probidad.
Las y los parlamentarios se pronunciaron respecto del segundo informe de la iniciativa, aprobada en su idea de legislar en noviembre pasado.
De tal forma, la norma aprobada indica que estará inhabilitado para postular o desempeñar un cargo o función pública, sea o no de elección popular, quien hubiere sido condenado por sentencia firme respecto de delitos contra la probidad.
Cesará en el cargo el funcionario que se encuentre en ejercicio de la función o cargo público, desde que se certifique que la sentencia condenatoria se encuentra ejecutoriada. Para estos efectos, se consideran delitos contra la probidad, la malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.
La norma establece que los afectados con la aplicación de esta sanción, salvo que la inhabilidad sea a perpetuidad, podrán solicitar al Senado su rehabilitación, una vez transcurridos 15 años.
Debate parlamentario sobre probidad
Informó el texto en Sala la diputada Javiera Morales (FA). Participaron en el debate las y los diputados Camila Flores (RN), Flor Weisse (UDI), Matías Ramírez (PC), Leonardo Soto (PS), Jorge Guzmán (EVOP), Leonidas Romero (IND), Henry Leal (UDI), Marcos Ilabaca (PS), Luis Sánchez (PREP), Miguel Ángel Becker (RN), Luis Malla (PL) y Marta González (IND).
Las y los legisladores concordaron en que se trata de un tema urgente de abordar, considerando la gravedad de los delitos contra la probidad. En ese plano relevaron los estándares que se deben considerar para el uso de la función pública, así como la necesidad de hacerse cargo de la crisis de confianza que existe en la ciudadanía.
Cabe agregar que la Sala rechazó una indicación que buscaba decretar, además, la pérdida de la ciudadanía para el condenado; la que no prosperó por no alcanzar el quorum de aprobación requerido.
En específico, esta indicación ampliaba el catálogo de delitos por los que se pierde la calidad de ciudadano y por consiguiente el derecho a voto. Agregaba a ellos, los de malversación de caudales públicos, el fraude al fisco y el delito de cohecho.
