A casi cuatro años del inicio de las masivas protestas provocadas por un profundo descontento social, ningún mando estratégico de Carabineros ha rendido cuentas ante la justicia por las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el estallido social.
Esta persistente impunidad instó a Amnistía Internacional a emitir una acción urgente a nivel global en la que llama a la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte, encabezada por Xavier Armendáriz a que, si existen suficientes pruebas para ello, impute a los mandos que podrían ser responsables de estos crímenes e inicie un proceso penal para determinar su posible responsabilidad, con todas las garantías de debido proceso.
En la exhaustiva investigación que desarrolló entre 2019 y 2020, Amnistía Internacional demostró que los medios y técnicas instaladas al interior de Carabineros posibilitaron, promovieron o toleraron el uso excesivo de la fuerza, al menos entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. En su investigación, la organización determinó que las posibles órdenes tácitas y omisiones deliberadas o culposas en las que habrían incurrido el general director, el subdirector y el director de orden y seguridad (DIOSCAR), en sus respectivos cargos en el momento de los hechos, debían ser debidamente investigadas por la Fiscalía Nacional desde una perspectiva de derechos humanos.
La responsabilidad de los mandos de Carabineros por las violaciones de derechos humanos cometidas por sus funcionarios se sustenta en tres obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que no cumplieron. En primer lugar, hubo múltiples fuentes por las cuales los mandos sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su mando. Es decir, los mandos conocían de la violencia policial. En segundo lugar, los mandos de Carabineros mantuvieron un control efectivo sobre las unidades dentro de la institución durante el período analizado en el informe. Es decir, los mandos tenían la capacidad de prevenir abusos, pero no lo hicieron. Y en tercer lugar, los mandos no tomaron las medidas suficientes para prevenir abusos, en concreto en lo relativo al uso de munición lesiva, falta de protocolos operativos adecuados, planes operativos inalterados, órdenes imprecisas y ausencia de sanciones.
“Después de las largas investigaciones penales realizadas sobre el rol y posible responsabilidad de los mandos de Carabineros es fundamental que se avance en su imputación. El inicio de un proceso penal es clave para garantizar la plena rendición de cuentas por la violencia policial y graves violaciones de derechos humanos durante el estallido social, siempre que exista suficiente evidencia para ello y se cumplan con todas las garantías del debido proceso. Las señales de impunidad siempre son malas, y hacen mucho daño a las víctimas y también a la sociedad en su conjunto”, menciona Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Las autoridades de ese entonces sabían lo que estaba sucediendo y no actuaron decididamente para evitar que se repitieran tales actos. A cuatro años del estallido social es importante romper el manto de impunidad y actuar a favor de la justicia. Esperamos que el fiscal Armendáriz actúe con decisión para dar la firme señal de que estos crímenes no deben repetirse jamás.
¿Qué son las acciones urgentes?
Es una herramienta de campaña de Amnistía Internacional que se emite a nivel global cuando existe una necesidad urgente de intervención para detener violaciones o abusos de derechos humanos contra un individuo o grupo de personas.
La acción busca movilizar a los y las simpatizantes de Amnistía Internacional de todo el mundo para que se pongan en contacto con la autoridad competente en cada caso. A través de cartas y correos electrónicos expresan su preocupación y piden a la autoridad que actúe con urgencia a favor de las víctimas.
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